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El domingo 13  de diciembre de 2009 en más de un centenar de ayuntamientos de las cuatro provincias catalanas se celebran referendos para la independencia de Cataluña. El resultado de estas consultas es fácilmente previsible, habrá un apoyo incontestable para la independencia. Al día siguiente los medios de comunicación empezarán a cocinar la noticia en sus editoriales y en sus crónicas. Unos hablarán de la ilegalidad de las consultas y de la falta de garantías democráticas, de la responsabilidad de Zapatero en todo esto y  se interpretará como otra   maniobra de presión  al tribunal constitucional para aceptar el trágala del nuevo estatuto catalán. La prensa favorable a Zapatero esgrimirá que para evitar esa radicalización del nacionalismo es más necesario que nunca aprobar el estatuto, porque de lo contrario se abrirán la puertas a una crisis institucional de consecuencias temibles.

Al final de ese domingo de diciembre el resultado no ofrecerá sin embargo lugar a dudas, el catalanismo será mas fuerte y la nación española habrá sido una vez más humillada y ridiculizada. Quienes promueven la consulta se regocijarán con su éxito: son el partido conservador y catalanista CiU y el partido de extrema izquierda y catalanista ERC. Como comparsas y colaboradores  necesarios detrás del escenario de los referendos están los socialistas de Montilla y de Zapatero. Ningún estado con un mínimo de decoro permitiría que se celebre un referéndum separatista, pero en España sí, porque en España desde 1978 el catalanismo no gobierna pero manda.

España no es el único país de Europa con movimientos políticos regionalistas, Francia, Bélgica, Italia o Inglaterra también  se enfrentan a este tipo de problemas en su territorio. Pero todas estas naciones han situado  esas opciones separatistas en la marginalidad de la política, les han alejado de las instituciones del poder político, incluso de los gobiernos regionales y municipales.

Desde  1978 el poder político funciona con un mecanismo tan simple como el que impusieron los aliados en toda Europa occidental tras la segunda guerra mundial. Una alternancia de poder entre un partido de centro-derecha y otro de centro-izquierda, entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, que admiten diversas etiquetas pero que a nadie le cabe duda de que se trata de  derechas e izquierdas domesticadas y débiles ideológicamente. Sin embargo en España se añadieron algunos otros propietarios de este sistema político post-yalta: el catalanismo y el PNV. Los nacionalistas vascos y catalanes no tienen el mismo peso, no son comparables: es mucho más peligroso y dañino el nacionalismo catalán, aunque dejemos está comparación que a fín de cuentas es tanto como debatir sobre la sífilis y la tuberculosis.

La Autonomía que consagra la constitución era justo lo que necesitaba  y buscaba el catalanismo, por fin era dueños del sistema político en Cataluña, pero además lo era de la alternancia de poder entre izquierdas y derechas en el gobierno de la nación: desde que se aprobó la constitución, durante más de 30 años solamente un gobierno, el primero de mayoría absoluta  de Felipe González,  no suscribió una alianza con el catalanismo. Hay mucho más que decir sobre el entramado del catalanismo, está el dominio económico en España por las poderosas familias catalanistas y  están sus relaciones con el Rey, pero de momento el análisis termina aquí.

La única reacción que ha surgido estos días ha sido el manifiesto que con el titulo “La dignidad de España” han lanzado un  grupo de políticos y personalidades de la derecha hoy marginados cuando no expulsados del PP: María San Gil, Santiago Abascal, Manuel Pizarro, Francisco Alcaraz, el filósofo Gustavo Bueno… aunque ninguno lo firma personalmente y han preferido acogerse a las siglas protectoras de un puñado de asociaciones cívicas.  Dice así: “Nosotros exigimos respeto al pacto fundamental, aprobado por todos los electores españoles, la Constitución de 1978. Recordemos su artículo segundo: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española”.

Son precisamente la constitución de 1978 y sus instituciones, incluida la monarquía y el sistema en el cual el catalanismo ocupa un lugar privilegiado, los causantes de  la indignidad de nuestra patria, del estercolero de la política española. Recuperar la dignidad de España pasa inevitablemente por cambiar la Constitución y el actual sistema político: si los alemanes pudieron derribar el muro, si Italia fue capaz de mandar al paro por corrupción a toda su clase política en los años 90,  si media Europa  se ha liberado del comunismo, no hay tampoco razón alguna para que los españoles no podamos tener después de más de treinta años un nuevo sistema político acorde con la dignidad  de nuestra nación y los intereses de los ciudadanos españoles . Esto no lo resolverá ni el PP, ni el PSOE, ni la constitución de 1978, ni el tribunal constitucional, ni el Rey; son parte del problema, tanto o más que los partidos catalanistas. Se requieren cambios radicales pero posibles, porque de ellos depende la supervivencia de la nación española; en esta línea están las propuestas del Frente Nacional. Y no es tan difícil saber dónde está y dónde no está la dignidad de España.

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